Delincuentes sexuales y derecho a la intimidad (II)

Salida de prisión, en noviembre pasado, del conocido como "loco del chándal"

Hace unos días hablábamos de la intimidad de presuntos depredadores en Internet, cuya identidad fue descubierta por la asociación Tierra de Hombres utilizando el señuelo de Sweetie.

Hoy nos ocuparemos de un debate surgido en España en estos días, en los que están saliendo de prisión delincuentes cuyas condenas han sido ya cumplidas al haber sido anulada la doctrina Parot. Entre ellos, además de terroristas, se encuentran algunos violadores famosos, como los asesinos de las niñas de Alcasser y de Olga Sangrador, o el violador del ascensor.

El conflicto jurídico que estas excarcelaciones suscita surge del siguiente interrogante: ¿es justo identificar a esa persona para que en su nuevo entorno sepan quién es el nuevo vecino? Aquí entran en conflicto dos intereses: el interés público en conocer dicha información, para adoptar medidas de prevención de reincidencia; y el derecho a la intimidad del convicto en libertad, quien tiene derecho a rehacer su vida, una vez que ha cumplido su condena.

En EEUU este conflicto de derechos se ha resuelto de diferentes maneras según el Estado. Resulta interesante constatar cómo cualquier decisión al respecto comporta sacrificio de derecho o intereses, y genera problemas. En los Estados en que existen listas públicas de agresores sexuales, éstos encuentran serias dificultades para rehacer su vida: pintadas amenazantes en la fachada de su casa, ventanas apedreadas, etc. En otros Estados, donde no existían estas leyes, algunos violadores en libertad reincidieron en su conducta, agrediendo y asesinando a jóvenes. Un caso paradigmático es el de Megan Kanka, niña de 7 años que fue asesinada en Nueva Jersey por Jesse Timmendequas, un delincuente sexual que previamente había sido condenado por crímenes sexuales y que vivía cerca de Kanka. Este antecedente hace que en EEUU las leyes que exigen que los poderes públicos faciliten información sobre los delincuentes sexuales registrados sean conocidas como Leyes Megan.

En nuestro país no existe tal registro de agresores sexuales, y la puesta en libertad de algunos de ellos ha hecho saltar las alarmas. Nadie quiere vivir cerca de estas personas. Y es comprensible. Pero no hay que olvidar que el recluso que ha cumplido su pena conforme al Derecho vigente tiene también derecho a la reinserción, a rehacer su vida y a mirar adelante. Estigmatizarle de por vida es una injusticia, prolongando indefinidamente su castigo en un ostracismo difícil de sobrellevar.

Quizá la solución sea la adoptada en algunos estados de EEUU, e incorporada al Código Penal español en 2010 (arts. 105, 106 y 192): exigir que estén localizados durante unos años tras su puesta en libertad (hasta diez años en nuestro país), y posteriormente eliminar dicho requisito, si han demostrado que pueden vivir en libertad de modo responsable. Esta libertad vigilada es una medida que evita mantener un registro de delincuentes sexuales -con sus consecuencias negativas para la intimidad de los responsables-, al tiempo que garantiza su localización y evita la reincidencia.

Delincuentes sexuales y derecho a la intimidad

Sweetie, la niña digital creada por Tierra de Hombres

Dos noticias de cierta actualidad me llevan a abordar este tema esta semana.

La primera noticia la protagoniza Sweetie, una niña virtual, con rasgos filipinos, que ofrecía grabaciones sexuales por webcam a cambio de dinero. Sweetie, creada por la iniciativa Tierra de Hombres, obtuvo en pocas horas más de 20.000 solicitudes de adultos interesados en las grabaciones. Los responsables de la iniciativa, de los 20.000 interesados, han conseguido identificar a más de mil, y han procedido a dar sus datos a las autoridades de sus países de residencia ¿Podrían hacer públicos los nombres, como escarmiento digital?

La segunda noticia es la salida de prisión de varios violadores y agresores sexuales en España, debido a la derogación de la doctrina Parot. En EEUU existen las llamadas leyes Megan, que crean registros de violadores en libertad para que los vecinos sepan con quién comparten barrio. ¿Atentan estas listas contra el derecho a la intimidad del ofensor?

Vayamos al primer caso, analizándolo siempre desde la normativa española. La revelación de dichos nombres atenta contra los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen de los que han hecho proposiciones indecentes a Sweetie, conforme a la Ley Orgánica 1/1982. ¿Concurre alguna causa de justificación? En mi opinión, dos son los factores más importantes a tener en cuenta. En primer lugar, si concurre un interés público en saber que dichas personas hacen proposiciones pedófilas en Internet. En este caso, la intimidad o el honor cederán ante el interés público comprometido. ¿Es una cuestión de interés público? Pienso que sí que es una cuestión de interés público, pero no podría revelarse esa información mientras no mediara una resolución judicial de por medio. En caso contrario, se vulneraría el derecho a la presunción de inocencia de esa persona. Una vez acreditadas esas proposiciones, resultaría razonable publicar la identidad de los culpables. El derecho al honor no protege a una persona del descrédito generado por sus propios actos, como ha subrayado el Tribunal Constitucional. Y los derechos a la intimidad y a la propia imagen cederían ante el interés público.

Por otro lado, cabe preguntarse si el hecho de haber tendido una trampa a esas personas haría injustificable la conducta de Tierra de Hombres. Una cosa es coger a un pedófilo "in fraganti", y otra bien distinta es la de tender una trampa que estimule al pedófilo a hacer proposiciones indecentes. En general, no está admitida la figura del agente encubierto para descubrir a delincuentes -esta figura se plantea mucho para el tema de la droga y de la pornografía infantil. Y ello porque se entiende que tender trampas para incitar a la comisión del delito es abusivo. En este sentido, los datos recabados por esta asociación "Tierra de hombres" no tendrán validez de prueba en un proceso penal. Cuestión distinta es que supongan una información valiosa para la Policía de cara a vigilar a estas personas, previniendo posibles delitos que puedan cometer.

Como ya he escrito bastante por hoy, dejamos los registros públicos de violadores para la semana que viene...